Evidencian deficiencias en la implementación de medidas de protección y prevención; e inacción por parte de la UGEL Huamanga, frente a actos de violencia escolar y sexual

Mediante un informe de fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga sobre la implementación de medidas de protección y prevención frente a actos de violencia escolar y sexual, se detectó que los casos de violencia escolar física y psicológica han incrementado desde el 2022 al 2024 y la acción frente a estos casos es casi nula.

Este informe, aprobado por el Pleno del Consejo Regional, fue realizado por la Comisión Permanente de Desarrollo Humano e Inclusión Social, presidida por el consejero Leoncio Reyes Benites e integrado por los consejeros Wilmer Jhon Alarcón Alacote y Vidal Palomino Cárdenas. 

Durante el trabajo de fiscalización se pudo evidenciar que, si bien se están atendiendo los casos de violencia escolar según la norma vigente y la plataforma SíseVe, según los datos recogidos reflejan un incremento de casos, particularmente aquellos en los que el personal docente figura como presunto agresor; sobre todo entre los años 2022 y 2024.

De igual manera, se evidenció deficiencias en la tramitación adecuada de denuncias por violencia física, psicológica y trato humillante ejercidos por docentes y directivos hacia estudiantes. Denuncias que permanecen en etapa de investigación, lo cual lleva a una acumulación de los mismos; la demora en la atención de estos casos también representa una vulneración al principio de interés superior del niño, contraviene la Ley N.º 30403 que prohíbe el castigo físico y humillante.

Asimismo, la inacción frente a esta problemática contraviene el Código de los Niños y Adolescentes, los principios establecidos en la Ley N.°29719, la Resolución Ministerial N.°274-2020-Mimedu y demás normas orientadas a garantizar una convivencia escolar segura. Inacción que está presente en las Instituciones Educativas N.°432-81 Quicapata, Nuestra Señora de las Mercedes y que se evidenció en el trabajo de fiscalización.

La demora en la atención de estos casos es atribuida a la falta de seguimiento por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, la cual recaería en la constante disminución de personal especializado y la sobrecarga laboral. La ineficiente asignación de recursos humanos muestra un incumplimiento directo de los principios de celeridad y eficiencia establecidos en la Ley N.º 27444. 

A la fecha de la presente fiscalización, el titular de la UGEL Huamanga no habría emitido la resolución directoral correspondiente al año 2025 para la conformación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos, pese a que su renovación anual es una obligación establecida en el marco normativo vigente.

Por último, se refleja una limitada asignación presupuestal para la promoción de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia escolar, lo que restringe el alcance y la efectividad de las acciones implementadas en las instituciones educativas. Esta cobertura insuficiente de las intervenciones y la distribución del presupuesto no es proporcional a las necesidades de las 619 instituciones educativas, lo que limita la sostenibilidad de las estrategias.

La comisión fiscalizadora recomienda al Ejecutivo, autoridades y oficinas correspondientes, adoptar medidas correctivas urgentes a la instancia competente para la absolución de las observaciones formuladas en el presente informe de fiscalización, con el propósito de asegurar el cumplimiento del marco normativo y salvaguardar los derechos fundamentales de las y los estudiantes.