DETECTAN IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ASCENSO EN LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD SAN MIGUEL LA MAR

Un informe de fiscalización emitido por la comisión de salud del Consejo Regional de Ayacucho ha puesto al descubierto una serie de irregularidades en la gestión de la Unidad Ejecutora 407 – Red de Salud San Miguel – La Mar. El trabajo de control político fue realizado bajo la dirección del consejero Vidal Palomino, con la participación de Roni Meléndez y Teófilo Cuba, y aprobado por unanimidad en el pleno del consejo regional.

En primer lugar, la comisión fiscalizadora evidenció que los jefes de servicio y revisores inmediatos de la Red de Salud San Miguel La Mar no realizaron oportunamente las evaluaciones de desempeño laboral, y que tanto el área de recursos humanos como la dirección del Hospital de Apoyo San Miguel incumplieron con informar y aplicar correctamente los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Esta falta de diligencia generó una situación irregular en la evaluación de una servidora, que derivó en la declaratoria de desierto de una plaza, configurando un posible perjuicio laboral. Se presume responsabilidad administrativa del director, jefe de recursos humanos y jefe inmediato por omisiones en sus funciones y por no gestionar ni informar debidamente el incumplimiento de los evaluadores.

Además, la Red de Salud San Miguel La Mar convocó el proceso de ascenso 2024 sin respetar los plazos establecidos en la Directiva Administrativa n.° 001-2017, al exigir la presentación de las fichas de evaluación los días 8 y 9 de julio, cuando la normativa indica que debe realizarse durante todo el mes y hasta el último día hábil de julio. Esta convocatoria anticipada contravino las disposiciones vigentes, afectando la legalidad del proceso.

En ese contexto, durante la revisión de la evaluación de desempeño de la Lic. María Elena Galindo Cóndor se detectó un error en la sumatoria de puntajes: se consignaron 56 puntos en el ítem de “desempeño y conducta laboral”, cuando correspondían 63. Este error afectó el puntaje final, que debió ser 93 y no 86, como figura en la ficha, lo que evidencia una inconsistencia en el registro oficial del proceso.

Del mismo modo, la comisión de ascenso y reasignación del proceso 2024 incumplió las bases administrativas al no invitar a veedores de gremios o colegios profesionales, designando en su lugar a funcionarios internos de la entidad, lo cual vulnera el principio de independencia del veedor y afecta la transparencia y legalidad del proceso.

Asimismo, el jefe de servicio de pediatría del Hospital de Apoyo San Miguel, Lic. Tito Huertas Hullcapuri, evaluó a familiares directos (cónyuge y cuñada), contraviniendo lo dispuesto por la normativa vigente y vulnerando los principios de imparcialidad y objetividad. Además, el director y el jefe de recursos humanos no adoptaron medidas correctivas, pese a conocer la situación, configurando una presunta responsabilidad administrativa.

Por su parte, la Unidad Ejecutora Red de Salud San Miguel La Mar no atendió el requerimiento de la Diresa para entregar documentación solicitada en el marco de una queja por presuntas irregularidades en el proceso de ascenso 2024, presentada por la servidora María Elena Galindo Cóndor. Esta omisión, pese a ser un pedido de su superior jerárquico, motivó que la dirección de asesoría jurídica recomiende iniciar un proceso disciplinario contra el director de la red.

En la misma línea, el director de la Red de Salud San Miguel y la directora del Hospital de Apoyo San Miguel incumplieron sus funciones al no tramitar ni responder once documentos relacionados con el proceso de ascenso presentados por la servidora María Elena Galindo Cóndor. Esta omisión vulneró el derecho al debido proceso y los plazos establecidos por la Ley n.° 27444. Además, ignoraron dos quejas formales, configurando una falta funcional que amerita deslinde de responsabilidades administrativas.

De igual manera, el destaque del servidor Harold Byron Cuzcano Pariahuamán al Hospital Regional de Ayacucho presenta indicios de irregularidad, al no cumplir con los requisitos legales establecidos, como la opinión favorable de la entidad de origen ni la justificación adecuada del servicio requerido. Además, se detectaron inconsistencias en la motivación de la resolución y el incumplimiento del tiempo mínimo de permanencia en su plaza de origen. Estos hechos vulneran normas administrativas y podrían dar lugar a acciones disciplinarias.

Adicionalmente, el director de la Unidad Ejecutora Red de Salud San Miguel, Obst. Ever Rodolfo Janampa Yaranga, cometió una omisión funcional al no entregar la documentación solicitada por la comisión fiscalizadora durante el proceso de fiscalización. Esta falta de respuesta vulnera principios de legalidad, transparencia y el derecho al acceso a la información pública, además de transgredir los plazos establecidos por diversas leyes. Este incumplimiento afecta el ejercicio de control de la comisión fiscalizadora y requiere la aplicación de acciones disciplinarias conforme a la ley del servicio civil.

Por último, se identificó que la Red de Salud San Miguel no cuenta con una directiva formal que regule el suministro de raciones alimenticias para pacientes y personal de guardia del Hospital de Apoyo San Miguel. Esta falta de normativa genera deficiencias en la organización interna y afecta principios fundamentales de la gestión pública, como la transparencia, el control y la eficiencia en el uso de recursos. Además, se menciona que la normativa vigente permite la entrega de alimentación al personal solo bajo ciertas condiciones, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Ante estos hallazgos, la comisión fiscalizadora ha recomendado al gobernador regional, en coordinación con la Diresa, adoptar medidas correctivas urgentes para asegurar una gestión transparente y conforme a la ley en la Red de Salud San Miguel La Mar. Asimismo, encargó a la secretaría del Consejo Regional de Ayacucho remitir el informe al Órgano de Control Institucional (OCI) para que realice una acción de control extraordinaria que permita determinar responsabilidades y fortalecer la fiscalización interna. Estas acciones buscan garantizar una gestión eficiente y transparente en el sector salud, en beneficio de la población de la provincia de La Mar.